Parar los asesinatos, comenzar la curación
Por Javier Espinosa. Publicado en El Mundo
Los residentes del cementerio de Pasay los llaman los apartamentos del "Sector Duterte". Son pequeños nichos alineados en hileras de 4 niveles. La mayoría de sus inquilinos terminaron allí en fechas muy similares: después del 30 de junio de 2016, cuando el presidente filipino inició su mandato.
"Muchos son víctimas de la guerra contra la droga.
Por eso le dimos ese apodo", explica Marian Fernández, una filipina de
40 años que reside en una chabola erigida en el interior de la
necróplosis de este sector de Manila.
Entre las docenas de sepulturas figuran nombres tan simbólicos para esta crisis como el de Michael Siaron, cuyo cadáver abrazado por su novia se convirtió en una de las instantáneas más emblemáticas de la razzia
que apadrina el mandatario local. Al lado de su tumba se encuentran la
de Richard Casil, que fue abatido dos semanas más tarde. La lista de
nombres que manejan sepultureros como Leio Medina parece interminable:
Arnel Padil, Ronie Naje, Jilmar Gaton.
"Todos ellos murieron en
operaciones de la policía. Ahora llegan menos pero en 2016 eran unos 4
cada semana", asegura Leio, de 23 años. La última residencia de
Tito Paez en el camposanto de la ciudad de San José, al norte de la
capital, es bastante más espaciosa. Un amplio mausoleo donde sus
familiares y amigos colocaron una lápida que reza: "Te rendimos honores
por tu posición valiente ante los derechos humanos y los servicios que
prestaste al pueblo".
Paez compartió un final muy similar al de Siaron. También fue acribillado por un pistolero
desconocido. "Le debieron matar por su trabajo con los más necesitados y
su relación con las organizaciones que se oponen al gobierno", opina su
hermano Seperino Paez, sentado en el domicilio del clan, ubicado a
pocos metros de la iglesia donde solía oficiar el sacerdote de 72 años,
conocido por sus vínculos con los movimientos sociales de izquierda.
Sacerdotes contra el "reino del terror"
Nadie ha podido probar que el asesinato de Paez tuviera relación alguna con las crecientes diatribas de Duterte
contra la iglesia católica de Filipinas, pero los críticos del
mandatario recuerdan que el jefe de Estado se encuentra inmerso en una
estridente confrontación con los religiosos de esta confesión a causa de
su decidida oposición a la llamada "guerra contra las drogas" que
defiende el dignatario.
La acción de la policía y los escuadrones de la muerte ha dejado ya más de 5.000 víctimas mortales, según los guarismos oficiales, que podrían ser hasta 27.000, cómo estimó en diciembre Chito Gasco, portavoz de la Comisión filipina de Derechos Humanos.
Tras un periodo inicial de vacilaciones,
la cúpula católica se pronunció claramente en contra de la arremetida
de las fuerzas de seguridad y los escuadrones de sicarios difundiendo
una carta pastoral en febrero de 2017 que equiparaba lo que estaba
ocurriendo a un "reino del terror". Posteriormente, los religiosos
organizaron varias movilizaciones de protesta contra las ejecuciones
extrajudiciales.
Duterte respondió mofándose de las creencias de esta fé -que comparte más de un 80 por ciento de la población filipina- y no dudó en llamar "hijos de puta" a los obispos. Hace dos meses decidió intensificar la pugna al pedir públicamente el asesinato de los jerarcas católicos.
"Matadles,
no valen para nada, lo único que hacen es criticar", señaló en
diciembre apuntando directamente a los obispos. El pasado día 10 volvió a
reiterar su amenaza. "Tienen mucho dinero. Matadles. Robadles. Están
como locos conmigo", manifestó.
Aunque su portavoz, Salvador
Panelo, intentó justificar su alocución diciendo que era una pura
"hipérbole" -propia del estilo altisonante del mandatario-, lo cierto es
que las palabras de Duterte se hicieron públicas tras el homicidio en
2018 de 3 religiosos -Paez, incluido- a manos de criminales que no han
sido identificados.
Obligado a vivir en la clandestinidad
Los
tres homicidios y la arremetida verbal del jefe de estado han hecho
cundir entre la jerarquía católica el mismo miedo y psicosis que antes
se percibía en las miserables barriadas urbanas que sirven como
escenario principal de este conflicto. Son muchos los clérigos que han cambiado su rutina diaria, los que dicen ser vigilados,
los que ya no se comunican por teléfono sino por medio de aplicaciones
protegidas y al menos uno, Amado Picardal, se ha visto obligado a pasar a
la clandestinidad.
Ordenado sacerdote en 1981 y Miembro de la
orden de los Redentoristas, Picardal conoce perfectamente la trayectoria
de Duterte. Ofició durante dos décadas en Davao, la misma ciudad sureña
donde el actual presidente ejerció como alcalde y donde puso en
práctica su plan de erradicar a los drogadictos a tiros.
Picardal se convirtió en uno de los críticos más significados de Duterte como
portavoz de la Coalición contra las Ejecuciones Sumarias y un testigo
clave para investigaciones como la que realizó la Comisión de Derechos
Humanos local o Human Right Watch.
La única manera de contactar
ahora con el religioso es por medio de email. "No quiero decir que me
estoy ocultando, sino que estoy viviendo como un ermitaño, que por
naturaleza es una vida de ocultación. Estoy en un lugar más seguro",
explicó a EL MUNDO por esa vía. El misionero asegura que tomó esta
decisión después de que en agosto de 2018 estuviera a punto de
convertirse "en el cuarto sacerdote asesinado bajo el régimen de
Duterte".
Según su relato, el día 11 de ese mes un grupo de seis
personas montadas por parejas en tres motocicletas se estacionaron en
las inmediaciones del monasterio de Cebú donde se instaló en abril del
mismo año. Picardal había abandonado Manila meses antes tras recibir al
menos dos avisos de que "se había dado la orden a los escuadrones de la
muerte de asesinar a sacerdotes. En marzo de 2018, me dijeron que yo estaba en la lista a eliminar".
En
Cebú, el eclesiástico solía acudir cada jornada, a partir de las 5 de
la tarde, a un supermercado y una cafetería cercana. Pero en las últimas
semanas uno de los jardineros le había avisado que unos desconocidos le
habían preguntado por su paradero al menos en dos ocasiones.
"Ese
día decidí no seguir mi rutina y no salí. El jefe de seguridad me dijo
que (el grupo de desconocidos) estuvo allí entre las 5 y las 7, como si
estuvieran esperando que saliera alguien del monasterio. Aprendí el
modus operandi de los escuadrones de la muerte de Davao y llegué a la
inmediata conclusión que era un equipo enviado para eliminarme. En los
días sucesivos, el jardinero, el personal de cocina y otros sacerdotes
se percataron de la presencia de hombres en motos que vigilaban el
monasterio", refirió.
Las acusaciones del misionero son
demoledoras. Según su experiencia en Davao, el presidente "está usando
el mismo modus operandi y los mismos escuadrones de la muerte" que
movilizó en aquella metrópoli, a los que se acusa de haber acabado con
la vida de más de un millar de personas entre 1998 y 2008. "Esta vez es a
escala más masiva. El grupo central de los escuadrones de la muerte
(actuales) vino de Davao", añade en su respuesta escrita.
La influencia de la iglesia católica
La
iglesia católica filipina atesora una notable influencia social y nunca
ha permanecido ajena a la compleja historia política de este país. Su
intervención fue decisiva para provocar la caída del dictador Ferdinand Marcos en 1986 y promover la revuelta popular que forzó la dimisión del presidente Joseph Estrada en 2001.
El
memorial de Manila que recuerda a activistas que se opusieron a la
autocracia incluye a varios religiosos, algunos de los cuales fueron
ejecutados por los paramilitares y escuadrones de la muerte que apoyaron
a Marcos.
Son muchos los analistas que han establecido ya un
paralelismo entre la carrera política de Marcos, que también fue elegido
democráticamente en 1965, y de Duterte, algo que tampoco se le escapa a
los religiosos que se oponen a las violaciones a los derechos humanos
que promueve el mandatario.
"Estos son días mucho más negros que los de aquellos años. ¿A cuántos asesinó Marcos? (según Amnistía Internacional al menos 3.240). Duterte lleva ya 20.000 en menos de 3 años", argumenta Flavie Villanueva.
El
recinto religioso donde habita el sacerdote -que se ordenó en 2006 tras
abandonar una disipada existencia colmada de drogas y alcohol- está
adornado con varios carteles que piden: "Stop the killing, Start the
healing" (Parar los asesinatos. Comenzar la curación). El mismo porta
una camiseta con una cruz manchada de sangre donde aparecen los nombres
de los tres clérigos asesinados.
Picardal fue uno de los curas
que sufrieron la represión ejercida por Marcos. "Fui detenido y
torturado durante 7 meses. Ahora me enfrento a un intento de asesinato.
Duterte está superando a Marcos en brutalidad y codicia", apunta el
misionero redentorista.
Son las 12 de la noche. La hora en la que
el hermano Ciriaco Santiago "Jun" comienza su ronda. Tras salir con
camioneta de la iglesia de Baclaran, en el centro de Manila, se dirige
hacia la puerta de la funeraria Eusebio, no lejos del puerto pesquero de
la capital. Al pasar por el puente de Marala, el religioso exhibe una
foto del último cadáver que apareció flotando aquí mismo hace escasas
horas.
"Parece un cristo crucificado, con las piernas atadas",
observa al señalar a la imagen tomada por otra fotógrafa que aparece en
su Facebook. La instantánea muestra un cuerpo medio sumergido, con
todas las extremidades inmovilizadas con cinta adhesiva.
Documentar las ejecuciones
Aficionado a la fotografía desde sus años de seminario, Jun se
unió a las veladas de los reporteros gráficos que cubren los crímenes de
esta crisis a finales de 2016. Su propósito nunca ha sido periodístico.
Fue una recomendación del equipo de abogados que trabaja con la
organización Rise Up (Levántate), un movimiento donde se mezclan
defensores de los derechos humanos seculares y religiosos como Jun.
"El
propósito es documentar todas esas ejecuciones extrajudiciales,
conseguir pruebas", asegura mientras espera frente a la salida del
negocio fúnebre que como él mismo dice se ha transformado en la
"oficina" de los fotógrafos especializados en este tipo de sucesos.
En
ese preciso instante la radio interrumpe su programación habitual con
una noticia de última hora. "Dos personas han sido abatidas en Bulacan
por la policía. Intentaban comprar 'shabu' (metanfetamina) a unos
policías encubiertos. Al darse cuenta, uno de ellos intentó sacar una
pistola y se produjo un tiroteo", se escucha decir a la locutora.
"Siempre es así. Se resistieron, dicen", apunta el religioso.
¿Cómo enfrentarse a Duterte?
Jun
forma parte de la estructura paralela que han establecido dirigentes y
miembros de base de la iglesia católica para confrontar la ofensiva de
Duterte contra las drogas. Rise Up ya promovió en agosto de 2018 la
presentación de una demanda contra el propio presidente ante el Tribunal
Internacional de La Haya.
Los esfuerzos directos de la iglesia
católica incluyen asistencia económica a las familias de los deudos
-especialmente el pago de funerales-, el apoyo a la creación de
agrupaciones de viudas o madres de víctimas, y la rehabilitación de
drogadictos.
También, y emulando los tiempos de Marcos, algunas parroquias han decidido contrarrestar las razzias antidroga ofreciendo protección a los señalados por las listas diseñadas por la policía, supervivientes de las acciones de las fuerzas de seguridad o testigos de sus desmanes.
Las
citas con estos fugitivos exigen tiempo y discreción. Algunos sólo
aceptan hablar por teléfono. Otros no quieren que se use su nombre real.
Ryan
es uno de ellos. Han pasado ya más de 2 años desde que sobrevivió al
tiroteo que acabó con la vida de 7 personas en el domicilio donde se
encontraba. La vivienda, sita Caloocan -un distrito de Manila
especialmente azotado por los asesinatos extrajudiciales- era conocida
por ser un emplazamiento vinculado a la venta de drogas, algo que admite
el joven de 20 años.
El chaval habla con la cabeza gacha. Sus
palabras casi no se escuchan. El recelo constituye una constante en la
vida de los personajes marcados por los escuadrones de la muerte.
"Parecía que llovían balas",
recuerda tras enseñar la cicatriz del disparo que le entró por el
costado y se le alojó en la pierna. La versión oficial de las fuerzas de
seguridad es que se trató de un ajuste de cuentas entre traficantes. El
muchacho nunca creyó esa versión y nada mas salir del hospital se
acogió a la protección de Rise Up. Durante meses pasó de una iglesia a
otra. "Es testigo de una masacre. Está en peligro y nuestro deber es protegerle", argumenta Rubylin Litao, portavoz de la agrupación.
Flavie
Villanueva reconoce que él mismo se ha encargado de proporcionar
"santuario" -esa es la palabra que usa- para una decena de huidos.
Algunos llegaron a alojarse en la conocida iglesia de Baclaran, en pleno
centro de Manila.
Mary Ann Hao es una de las "protegidas" de
Villanueva. Asistió en 2017 a la muerte de su marido y su hijo a manos
de la policía. Dice que estaban durmiendo cuando llegaron los agentes y
obligaron a su esposo a ponerse de rodillas. A ella la echaron del
domicilio. Después escuchó los disparos.
La fémina se comunica
por teléfono. Intenta mantener un perfil anónimo desde que presentó una
denuncia contra los policías. "He cambiado de casa 4 ó 5 veces. Añoro mi
vida normal. Esto es muy cansado. Me siento muy sola", aduce.
La
comitiva que lidera el obispo Pablo Virgilio David se adentra en el
barrio Market 3 dejando a un
lado un vertedero de basura que en estos
meses se ha ganado una triste fama como destino de muchos de los
cadáveres que ha dejado la guerra contra las drogas en este enclave.
"La gente te dice que no hay una casa donde no haya una víctima: o bien asesinado o arrestado", relata el prelado. Los residentes estiman que sólo aquí se han registrado entre 50 y 60 asesinatos desde junio de 2016.
David ha elegido en esta ocasión protagonizar una pequeña misa en medio de este miserable arrabal de chabolas de hojalata y madera, donde los niños corretean descalzos o desnudos entre gallinas y charcos de aguas pestilentes.
Según
explica, fueron los propios niños del barrio quienes le invitaron a
venir por medio de una carta en la que expresaban su deseo de que esta
ceremonia sirviera para frenar las ejecuciones. "Han matado a mucha
gente inocente", precisa uno de los chiquillos, Kian Teórica, de 13
años.
El prelado de 59 años es otro de los miembros de la iglesia
católica "marcados" por Duterte. En noviembre le acusó de estar
"vinculado con las drogas ilegales".
"Me acusó de ser un
drogadicto. Eso es suficiente para que te asesinen. Mi teléfono está
pinchado, hay coches que vigilan la diócesis... Por supuesto que tengo
miedo", declara.
Pablo Virgilio David asevera que no busca "el
martirio". El arquetipo que dice querer imitar, sin embargo, no pudo
evitarlo. Se llamaba Oscar Romero.
Comentarios
Publicar un comentario